El pasado viernes 6 bajo el lema “Hacia la Construcción Participativa de las Políticas Públicas de Infancia” se realizó en el Palacio Municipal de la ciudad de La Plata,  un mapa de las diferentes problemáticas de la región, en donde participaron más de cien personas   en las comisiones de trabajo y los paneles.

En dicha jornada se contó con la participación  de distintas Organizaciones No Gubernamentales, agrupaciones políticas  e instituciones públicas,  quienes ubicaron geográficamente los obstáculos que impiden que se hagan efectivos muchos derechos relacionadas a la infancia en la región.

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En las últimas horas la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires emitió 2 Resoluciones con relación a la causa que se encuentra en ese Organismo Judicial y que impulsaron las ONG`s contra la CEAMSE atento la ilegalidad del Funcionamiento del relleno de Ensenada.

En una de las Resoluciones que es la más importante a los intereses ambientales de la Región Capital de la Provincia, da una especie de impasse para tratar de dar vía libre  en el futuro a la ampliación del Relleno de la CEAMSE con la construcción de un nuevo módulo, una vez que los municipios respondan algunos pedidos judiciales, y de esta manera trataràn de  explicar lo inexplicable y  buscar de que manera se autoriza a la CEAMSE seguir enterrando por un tiempo más.

Según la Corte en la Resolución  establece:

… Dejar establecido que, ínterin, la demandada deberá comenzar a llevar a cabo las obras estrictamente necesarias para mantener en operaciones el Centro de Disposición Final que explota y administra en Punta Lara hasta la puesta en funcionamiento de la nueva planta de tratamientos de RSU a instalarse en el Partido de Ensenada.”

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En una carta dirigida a las respectivas autoridades designadas a nivel nacional para definir la aprobación de proyectos de créditos de carbono, miembros de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA) de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y Uruguay llamaron a sus respectivos gobiernos “a no aprobar proyectos MDL basados en soluciones tecnológicas que generan riesgos e impactos negativos e incentivos perversos para una mayor generación de residuos”.

En la misiva, manifiestan su preocupación por “los graves problemas sociales y medioambientales que estos proyectos conllevan e insta (a la respectiva institución nacional) a revisar los criterios de certificación “sostenible” para rellenos sanitarios e incineradores bajo el MDL con el fin de excluirlos de forma inmediata y definitiva.” Agregan que estos proyectos “no solo son una fuente de contaminación y exclusión social, sino que además desplazan las opciones más sustentables, más costo-efectivas y que favorecen la labor de los recicladores informales que recogen y separan manualmente los residuos en nuestros países.”

En cada país existen las llamadas Autoridades Nacionales Designadas (AND), que tienen bajo su responsabilidad la aprobación de proyectos que buscan su certificación en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que opera bajo el Protocolo de Kioto.

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