ampliación de ceamse y levantamiento de obradores de obra de la Planta de Tratamiento de RSU ante pasividad de Gobernación y el Municipio de Ensenada
Las Organizaciones No Gubernamentales integrantes de la Asamblea Ambiental No + CEAMSE denunciaron que en las últimas 72 horas han levantado los obradores que estaban instalados en el predio ubicado en la Localidad de Punta Lara, donde debía levantarse la tan anunciada Planta de Tratamiento de Residuos de la Región Capital.
Hemos detectado y comprobado – señalaron las ONG`s nuevo ambiente y centro vecinal punta Lara – que en el predio ubicado al margen del Diagonal 74 (une Punta Lara con La Plata) y del Arroyo El gato, sólo quedan 2 carteles del municipio ensenadense anunciando la construcción de la Planta de Residuos y la barrera de entrada, el resto de la infraestructura ha sido retirada, seguramente aprovechando esta época del año en donde el poder Judicial está de feria y casi la mayoría de la gente está de vacaciones todo ello para hacer imperceptible la retirada que ya habíamos denunciado ante la Suprema Corte.
Durante todo el año 2013 desde las ONG`s se han realizado presentaciones ante la Corte y el Municipio de Ensenada (responsable de la Fiscalización y Contralor de la obra) referidas a la paralización de las obras que hasta diciembre se contabilizaban 8 meses y a su vez se realizaron reuniones en forma conjunta con Concejales de la Plata, Berisso y legisladores Provinciales de esta región con la participación de los empresarios responsables que han sido adjudicatarias de las obras a fin de no solo interiorizarnos, sino también con el propósito de que las obras se retomen lo más rápido posible.
Este nuevo capítulo – expresaron las ONG`s -, confirma las sospechas que nos surgían sobre la intención de las empresas de retirarse de la construcción de la planta y del Gobierno provincial de mantener un negocio con la CEAMSE.
Haciendo Historia de las plantas de tratamiento
Las ONG`s consideran que es el 2do fracaso en la construcción de Planta de tratamiento de RSU, ya que en el año 2004 el municipio de Ensenada firmó un convenio con la CEAMSE para la construcción de una Planta, la misma funcionó sólo 3 meses, a pesar de haberse anunciado como la planta más grande de Latinoamérica, esa Planta había sido denunciada por las ONG`s como la venta de espejos de colores para distraer la contaminación y arreglos que habías generado la misma.
Ante el llamado a licitación en el año 2010 por parte del municipio de La Plata para la construcción de una Planta de Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), siendo ganadora una UTE integradas por 3 empresas, destacándose la española GRIÑO. El contrato de la Obra fue transferido al Municipio de Ensenada en mayo del 2011, quien se comprometió hacerse cargo de la obra con el argumento que poseía tierras para instalarla.
En el mes de abril/12 comenzaron los primeros trabajos para la Planta de Tratamiento Integral de los RSU en la Localidad de Punta Lara, luego de 7 meses de mora ante incumplimientos del Gobierno de la Provincia por no depositar el 20% correspondiente como lo estipula el contrato de obra, unos U$ 8.000.000 (ocho millones de dólares).
Durante el año 2012 la provincia hace efectivo el depósito del 20% en las cuentas de la Municipalidad ensenadense y nuevamente en el mes de abril del 2013 se paralizan las obras hasta el día de la fecha, contabilizándose 7 meses de abandono y sin haberse realizado las intimaciones correspondientes a la empresa por parte del Gobierno Municipal a cargo de la Fiscalización y Contralor como lo marca el Contrato.
Estos hechos – finalizaron las Organizaciones de la Asamblea No + CEASME – han sido denunciados ante Fiscalía de Estado de la Provincia por entenderse que los fondos depositados por la provincia, no han sido destinados para los fines especificados en el contrato de obra, entendiendo las ONG`s que se comprometieron y desviaron fondos públicos provinciales, y por otro lado en los últimos días de diciembre al filo del fin de año, las ONG`s han presentado un nuevo pedido de cumplimiento del Convenio Judicial a la Suprema Corte Bonaerense, entendiendo que más allá de las responsabilidades políticas de llevar adelante una gestión de los RSU por parte del Gobernador, La JUSTICIA está obligada a que se respeten los fallos judiciales y debe actuar con total independencia a favor de los intereses colectivos ante la degradación de la calidad de vida de los vecinos de nuestra región.
